El respeto a la dignidad y a los derechos de los niños, niñas y/o adolescentes, hasta ahora ha sido insuficiente y marchando a pasos muy lentos, áun cuando el país ha avanzado en dichos términos, igualmente somos las instituciones privadas quienes tenemos que poner fin a la desprotección y exigir, a la vez garantizar protección a todos estos.
La prueba más sólida de la falta de protección, se ve visualizada en torno a la gran cantidad de Hogares Protegidos como solución a las problemáticas asociadas a los niños,
El respeto a la dignidad de los niños está consagrado en nuestra legislación, pero hasta ahora ha sido insuficiente lo que hemos hecho para garantizar protección a todos sus derechos inalienables. Las pruebas más sólidas revelan que en el país todavía se emplean centenares de menores en tareas duras o ingratas, millares pertenecen a familias desunidas o castigadas por la pobreza, y la mayoría no tiene acceso a la educación ni a una buena alimentación y cuidados de su salud.Aparte de esto, ha crecido el uso de menores para actividades ilícitas, como “mulas” del narcotráfico, para el negocio de la pornografía, para la prostitución y para actos que verdaderamente les hieren su dignidad como seres humanos.
Un fenómeno derivado de estas carencias es el de los llamados “niños de la calle”, que tienen que exponerse a las terribles faenas de buscar su supervivencia a través de limosnas, de vender su trabajo o de integrarse a la delincuencia, o sencillamente trabajando en algunas tareas domésticas o comerciales. Deambulan por las calles sin contar con un hogar seguro, o amanecen en ellas porque sus casas están muy lejos de los ambientes en los que se mueven. La vida callejera desvía a muchos y los hace caer en la drogadicción y hasta en el crimen.
Nuestra legislación más reciente consagra la protección de sus derechos, inclusive frente a sus padres. Muchos casos de abusos contra los menores han sido llevados a la justicia desde que existe esa ley. Independientemente de la ley, en el país han existido entidades y patronatos que luchan por dar albergue, educación, salud y alimento a miles de ellos, pero no tienen recursos suficientes para abarcar a todos los que están en esa situación. Ha sido una iniciativa muy apropiada y oportuna la del Conani y otros organismos, al disponer la recogida de los menores de las calles y reacercarlos a sus familias. La idea es que sean los propios padres los que asuman realmente la responsabilidad de atenderlos, según el principio universalmente reconocido de que su principal derecho es nacer en una familia verdadera. Y por más precariedades y dificultades que tenga la familia, esta dignidad y esta premisa debe estar por encima de todas. El Estado también está obligado a garantizar un mínimo de condiciones que favorezcan su desarrollo integral, pero tal responsabilidad nunca se cumple como Dios manda. El esfuerzo de recoger a los niños de la calle y de educar a sus padres para que no los abandonen es un acierto del Conani, una institución que sí ha dado muestras de su perseverante y amorosa atención a tantos menores desafortunados.
